Las Altas Cortes se quitan la máscara y proclaman la impunidad de las Farc

En hechos que no tienen precedente en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), proclaman al unísono la impunidad de las Farc y se burlan del pueblo colombiano

Las decisiones judiciales de las tres Altas Cortes y de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) de las últimas semanas han producido un escándalo en Colombia, y han fracturado el ordenamiento jurídico de la nación, por las consecuencias gravísimas que de ello se desdoblan. La Sociedad Colombiana Tradición y Acción, ante la gravedad de los hechos, declara lo que sentimos la mayoría de los colombianos ante lo sucedido.

Cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno del ex presidente Santos y las Farc, hubo grandes polémicas por causa de la impunidad concedida a los guerrilleros culpables de delitos de lesa humanidad, de masacres, de secuestros, de abortos obligados, de violaciones de menores de edad, de terrorismo y de narcotráfico. Los promotores del Acuerdo, todos a una, alegaron que en ningún caso habría impunidad por los delitos atroces, y mucho menos que los responsables de esos crímenes llegarían al Congreso de la República sin ser elegidos y sin pasar por la justicia transicional de la JEP.

Pues bien, el paso del tiempo y el surgimiento incontenible de la verdad, le dieron la razón a los opositores de Santos y del Proceso de Paz. Los hechos han confirmado que Santos y su camarilla de funcionarios corruptos engañaron groseramente al País y al mundo, forjando un Acuerdo que no ha pacificado a Colombia, sino todo lo contrario.

En realidad es una hoja de ruta diseñada por el Gobierno Santos para destruir la Nación, que pretende imponer en nuestra Patria una dictadura marxista, donde perecerán todas las libertades, sucumbirá la libre empresa y desaparecerá la propiedad privada. Los ciudadanos honestos serán perseguidos y los terroristas, asesinos, violadores y narcotraficantes, gozarán de impunidad. Estarán protegidos por el Estado y, peor aún, serán los funcionarios de un eventual gobierno de extrema izquierda que ya se avizora, si no hacemos nada para evitarlo.

Esa es la triste y escandalosa realidad que hemos visto alrededor del caso del narcoterrorista alias Jesús Santrich en las últimas semanas. La JEP, el tribunal de impunidad creado por las propias Farc para indultar a sus terroristas, con la asesoría de la ETA y de Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista Español, lo dejó en libertad alegando que no podía establecer la fecha en la cual este personaje cometió delitos de narcotráfico. Sin embargo, es conocido por todos que alias Santrich pretendía exportar diez toneladas de cocaína a los EEUU en una fecha posterior a la firma del Acuerdo de Paz, que fue grabado y denunciado por la DEA y que ocasionó su solicitud de extradición por los EEUU.

Acto seguido, contradiciendo su propia jurisprudencia, el Consejo de Estado determinó que alias Jesús Santrich sí es congresista, a pesar de no haber sido elegido, sino designado por el Gobierno; que no se había posesionado como tal por una razón de fuerza mayor, que es la de estar preso, acusado de graves delitos de narcotráfico. En consecuencia, establece que no puede ser investigado por la Fiscalía, ni juzgado por jueces ordinarios, sino por la Corte Suprema de Justicia, en su nueva y arbitraria condición de aforado, al ser “congresista de la República”.

Luego, de manera sincronizada, la Corte Suprema de Justicia se declaró competente para investigarlo y juzgarlo, pero ordenó su libertad inmediatamente. Después anunció que lo oirá en indagatoria y que practicará algunas pruebas, pero con estas decisiones lo que se pretende es congelar su extradición a los EEUU, y dejarlo en libertad, ahora en su condición de congresista, con el aval del Consejo de Estado y de la JEP, lo cual le permitirá huir a Cuba o Venezuela, o a donde quiera que la multinacional del narcotráfico lo lleve lejos del alcance de la justicia.

Para completar estos trágicos acontecimientos, la Corte Constitucional no podía quedarse atrás en la cascada de disparates judiciales que presenciamos durante la misma semana. En una decisión tan arbitraria como ilegal, pues no existe disposición constitucional alguna que le dé funciones consultivas a la Corte Constitucional, ésta conceptuó que hubo en el Senado la mayoría requerida para rechazar las tímidas objeciones hechas por el Presidente de la República a la ley estatutaria de funcionamiento de la JEP. Este fallo confirma que esta Corte seguirá actuando y legislando a favor de la impunidad de las FARC, protegiendo a los terroristas que han cometiendo los más horrendos crímenes en nombre de la ideología marxista, para que queden libres e impunes en Colombia.

¡Este es el mensaje que los altos tribunales colombianos envían al mundo! Y además, que los cultivos de coca, en su inmensa mayoría promovidos por las Farc y sus aliados, que los han hecho crecer en los últimos años hasta más de 200.000 hectáreas, no serán destruidos por orden de la misma Corte Constitucional, que ha prohibido su erradicación por medio de fumigación aérea con glifosato, arrogándose funciones que no tiene.

Estos hechos bochornosos son suficientes para entender que en Colombia el aparato estatal de la justicia ha colapsado. En consecuencia, la rama jurisdiccional, uno de los elementos fundamentales que garantizan la paz, ha dejado de cumplir con el más sagrado de sus deberes, que es preservar el orden institucional e impartir justicia. Las decisiones comentadas y los magistrados que integran esos tribunales ya no representan al pueblo colombiano, ni son garantía alguna de una administración de justicia honesta e imparcial.

 

El Cartel de la Toga deslegitima a Colombia

Es por estas decisiones judiciales, plagadas de hechos criminales y de continuos actos prevaricadores, que la sabiduría popular ha bautizado a estas

politizadas y corruptas cortes como el Cartel de la Toga. Se ha conocido que algunos de estos magistrados vendían sus sentencias por millones de dólares, y ahora mismo el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Francisco Ricaurte, está preso por estos hechos; otro ex presidente, el Dr. Leónidas Bustos, huyó a Canadá; otro magistrado, el Dr. Gustavo Malo, fue destituido y también encarcelado; y algunos más están siendo investigados por los mismos hechos.

¡Los jueces han precipitado a Colombia a un abismo inimaginable! Si queremos salir de él, todos los colombianos debemos unirnos en una cruzada que restaure la justicia. Los magistrados corruptos de estas Cortes deben ser reemplazados inmediatamente por juristas honestos, y el Gobierno debe escuchar a los millones de colombianos que no podemos estar representados por estos siniestros personajes.

El 2 de octubre de 2016 se realizó un Plebiscito en el cual la mayoría rechazó el Acuerdo de Paz con las Farc, pues los colombianos votaron por el NO. Pero el presidente Santos, en colusión con las Altas Cortes y el Congreso de la República, desconoció el resultado del Plebiscito en forma ilegal e indecente. Así, impusieron a Colombia un Acuerdo de Paz con las Farc y unas reformas constitucionales espurias, en contra de la voluntad expresa de la mayoría de los colombianos.

En cualquier consulta popular que se haga, NO quiere decir NO. Y cuando las mayorías dicen NO, los gobernantes están obligados a respetar y acatar ese resultado. Sin embargo, el resultado del Plebiscito no fue acatado por el Gobierno Santos. Y a los pocos días de consumado ese fraude, Santos fue premiado inmerecidamente con el premio Nobel de Paz. Lo que pocos saben es que la presidenta del comité que lo otorga era la política noruega Kaci Kullman Five, ex ministra de su país y miembro de la Junta Directiva de la petrolera estatal noruega Statoil (hoy Equinor), empresa a la cual el presidente Santos había concedido varias licencias de exploración petrolera en la costa caribe de Colombia.

La única solución que puede sacarnos de la crisis política y judicial en que estamos, es que en una decisión histórica, liderada por el Sr. Presidente de la República, con el apoyo y la legitimidad que le conceden la mayoría de los colombianos que votaron el Plebiscito del 2016 y lo eligieron Presidente en el 2018, se le dé marcha atrás al ilegítimo Acuerdo de Paz con las Farc. Que se reconozca el triunfo incontrastable del NO en el Plebiscito y se rectifique así el camino andado desde entonces en forma ilegal, amparado por unas corporaciones públicas y judiciales prevaricadoras.

Esto es lo que pedimos a la Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Patrona de Colombia, en estas horas aciagas en que la justicia está siendo demolida y nuestra Patria parece ir a la deriva, en medio de la más grande confusión moral y política de las últimas décadas.

 

Nota:

Pocos días después de la divulgación de este documento, el terrorista Santrich se fugó, evadiendo su esquema de seguridad. Todo parece indicar que huyó a Venezuela, donde las Farc han sido protegidas por el Estado chavista. Se cumple así al pie de la letra todo lo que fue advertido en este escrito, en el sentido de que las Altas Cortes estaban confabuladas para darle libertad, que el Proceso de Paz se diseñó para garantizar la impunidad de los más grandes criminales de Colombia, que el Presidente de la República parece ignorar la situación creada, y que el aparato judicial del Estado ha colapsado, dando origen a la más grande crisis institucional del País.

 

 

Sociedad Colombiana Tradición y Acción – Junio de 2019